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Diputados aprueban la primera ley secundaria de la reforma judicial

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Con 336 votos a favor y 123 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una pieza clave de la reforma judicial que ha generado controversia. Esta reforma tiene como objetivo modificar los procesos para la elección de jueces, magistrados y otros juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mediante un proceso más democrático, que involucra la participación directa de la ciudadanía.

Durante la sesión, varios artículos, como los 1, 2, 3, 30 y otros hasta el 535, fueron reservados para discusión particular, lo que demuestra la complejidad y la relevancia de esta reforma que no ha estado exenta de críticas por parte de diversas fuerzas políticas y sociales.

Reforma judicial: un cambio profundo para el Poder Judicial

El núcleo de la reforma plantea que los jueces y magistrados, tanto a nivel federal como local, serán elegidos por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía, un cambio radical en el proceso de selección de estas figuras, tradicionalmente determinadas por procesos internos del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales serán los responsables de organizar estos procesos, que coincidirán con las elecciones federales, lo que agrega un nuevo nivel de complejidad a los comicios.

Este modelo de elección de jueces ha generado un intenso debate entre quienes lo ven como un avance hacia una mayor transparencia y quienes lo critican por politizar el Poder Judicial.

Movimiento Ciudadano presentará acción de inconstitucionalidad

Una de las voces más críticas ante esta reforma ha sido la del coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoelfich, quien anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias de la reforma judicial. Según Castañeda, tanto la reforma como el proceso de insaculación utilizado para la elección de jueces en 2025 tienen múltiples irregularidades que podrían afectar la legitimidad de estos procedimientos.

“Estos procedimientos hechos al vapor son impugnables”, aseguró Castañeda, señalando que el Senado adelantó este proceso sin una base legal sólida. La acción de inconstitucionalidad será presentada en los próximos días, lo que añade otra capa de tensión política y judicial al panorama.

Un nuevo esquema para la elección de jueces y magistrados

La reforma incluye la adición de un “Libro Noveno” a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que detalla el nuevo esquema para la integración del PJF y las entidades federativas. En este esquema, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y otros órganos judiciales serán elegidos mediante voto directo.

Las elecciones se realizarán el primer domingo de junio del año correspondiente, de manera concurrente con los procesos electorales federales. Esto significa que, por primera vez, los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir a quienes integrarán una parte esencial del Poder Judicial, una propuesta que algunos ven como una forma de hacer más accesible y transparente el sistema judicial.

Controversia y posibles implicaciones

La reforma no solo ha generado críticas dentro del Senado, sino también entre organizaciones civiles y expertos en derecho, quienes advierten sobre los riesgos de politizar el Poder Judicial al permitir que jueces y magistrados sean electos de manera directa por la ciudadanía. Temen que este proceso pueda llevar a una pérdida de independencia judicial, ya que los jueces podrían verse influenciados por partidos políticos y otros intereses durante las campañas.

Por otro lado, los defensores de la reforma argumentan que se trata de un avance en la democratización del Poder Judicial, haciéndolo más accesible y transparente, al mismo tiempo que se busca combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.

 

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