Una nueva controversia ha sacudido el Congreso de la República con la aprobación, por parte de la Comisión de Seguridad Social, del proyecto para establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta decisión ha desencadenado fuertes opiniones entre legisladores, divididos entre quienes lo ven como un avance hacia la justicia social y quienes lo consideran un acto de confiscación.
El proyecto propone la creación de un fondo que tomará 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas en las Afores para garantizar pensiones de al menos 16 mil 400 pesos mensuales a millones de trabajadores. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Diputados del PAN y del PRI han expresado su rechazo, argumentando que esta medida vulnera los derechos de los trabajadores al tomar sus ahorros de forma coercitiva.
Por otro lado, los promotores de la iniciativa, liderados por la morenista Ivonne Cisneros, defienden la necesidad de establecer un sistema que garantice pensiones dignas para los trabajadores mexicanos. Se argumenta que, además de las cuentas inactivas en las Afores, se contempla otras fuentes de financiamiento, como el cobro de deudas de entidades federativas al ISSSTE y recursos provenientes de la liquidación de instituciones financieras.
La aprobación de este proyecto ha abierto un intenso debate sobre el papel del Estado en la protección de los derechos laborales y la seguridad social. Mientras la fracción morenista busca llevar el dictamen al pleno esta semana, la discusión sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar está lejos de llegar a su fin, dejando en el aire la incógnita sobre su impacto real en la vida de los trabajadores mexicanos.
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