En una decisión que generó debates y preocupaciones, los diputados de la XVII Legislatura, con 18 votos a favor y tres en contra, aprobaron otorgar nuevas facultades a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo). Esta medida involucra la asignación del presupuesto de Seguridad Vial y el control sobre la emisión de licencias de conducir, poder que previamente recaía en manos de los municipios.
El cambio se produce en medio de un proceso que establece la colaboración entre los ayuntamientos y Imoveqroo para la recaudación de fondos por concepto de licencias. La justificación principal para esta medida es asegurar una mayor seguridad y eficiencia en la emisión de licencias de conducir.
Según el acuerdo, los ayuntamientos serán responsables de proporcionar el personal necesario para operar las oficinas de licencias, mientras que Imoveqroo desempeñará un papel de supervisión en este proceso.
Sin embargo, algunas preocupaciones y objeciones se hicieron evidentes durante la discusión. Cintia Millán Estrella del PAN expresó su inquietud sobre la posible base de este convenio en un porcentaje en lugar de abordar las necesidades específicas de cada municipio.
Gasto considerable
Por otro lado, Deyanira Basurto Basurto de MC manifestó preocupación acerca del costo que esta modificación podría representar, estimando un gasto considerable de 11 millones de pesos, lo que considera desproporcionado.
José María Chacón Chablé destacó la importancia de cumplir con la competencia estatal y municipal, recordando que desde abril pasado se aprobó que Imoveqroo absorbería el costo de las licencias.
Candelaria Ayuso Achach expresó su preocupación sobre cómo este cambio podría afectar la autonomía municipal y la construcción, de acuerdo al Artículo 115 de la Constitución, argumentando que debe ser normativo y no regulativo.
Hugo Alday Nieto del PT aclaró que en realidad no se están modificando facultades, ya que eso fue aprobado previamente. En esta votación, se considerarán dos adiciones, una relacionada con la facultad de la Junta de Gobierno de Imoveqroo para aprobar el presupuesto del Instituto y la otra para establecer las tarifas.
Julian Ricalde Magaña, sin embargo, planteó que estos son dos asuntos distintos y sugirió buscar un consenso antes de avanzar, proponiendo la posibilidad de devolver el tema a comisiones.
Humberto Aldana Navarro aclaró que lo que se someterá a votación es la adecuación de la ley general, para que Imoveqroo determine las tarifas y, en caso de costos, los reintegre a los municipios.
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