En un contexto político tenso, el partido Morena ajustó su propuesta de reforma constitucional para fortalecer la supremacía del poder Legislativo frente al Judicial, rectificando algunos aspectos clave, pero manteniendo el blindaje que impide la impugnación de reformas a la Carta Magna.
Las modificaciones al artículo primero, que inicialmente establecían la inaplicabilidad de normas constitucionales mediante control de convencionalidad en materia de derechos humanos, fueron retiradas. Sin embargo, la esencia del blindaje constitucional prevalece, eliminando cualquier posibilidad de recurrir a recursos judiciales como controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo contra reformas a la Constitución.
Un Blindaje sin Precedentes
El senador Javier Corral Jurado, de Morena, expresó con claridad la posición del partido: “El poder reformador de la Constitución es inimpugnable”. Con esta afirmación, Morena refuerza su intención de evitar que el Poder Judicial interfiera en las decisiones legislativas, lo que generó un intenso debate en el Senado.
El objetivo central de la reforma es limitar cualquier intervención judicial que pudiera bloquear reformas constitucionales, en lo que parece ser una estrategia para consolidar el poder legislativo y disminuir la capacidad de los jueces de frenar los cambios impulsados por la mayoría parlamentaria. Esta medida, según algunos legisladores, es una forma de garantizar que las decisiones democráticamente aprobadas no puedan ser invalidadas por criterios judiciales.
Un Conflicto en Escalada
El conflicto entre Morena y el Poder Judicial ha sido un tema recurrente en los últimos meses. Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, afirmó que la intención de la reforma es evitar que el Poder Judicial “invada” las decisiones del Congreso. Sin embargo, la oposición acusa a Morena de buscar limitar el control constitucional como una forma de blindar sus acciones y decisiones frente a posibles recursos judiciales.
El senador Ricardo Anaya, del PAN, calificó la reforma como “una medicina que mata al enfermo”, insinuando que esta medida, aunque busca solucionar un conflicto, podría dañar el equilibrio de poderes en el país. La crítica de Anaya, al igual que la de otros miembros de la oposición, apunta a que Morena está utilizando la reforma como una herramienta política para debilitar al Poder Judicial y asegurar su control sobre las reformas a la Carta Magna.
Ajustes de Última Hora
En medio de las críticas, Morena realizó ciertos ajustes a la reforma, eliminando el cambio al artículo 103, que inicialmente declaraba la improcedencia de cualquier recurso en contra de las reformas constitucionales. A pesar de esta rectificación, la esencia del blindaje se mantuvo, ya que la propuesta principal sigue garantizando que no habrá mecanismos judiciales que puedan revertir las decisiones del Congreso en cuanto a modificaciones constitucionales.
La discusión en el Senado fue intensa y prolongada. Durante seis horas, los senadores debatieron el alcance y las implicaciones de la reforma. Finalmente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen con 24 votos a favor y 10 en contra, un paso crucial para que el pleno discuta y vote la iniciativa en los próximos días.
Tensiones en el Senado
Uno de los momentos más álgidos de la discusión ocurrió cuando el coordinador del PAN en el Senado, Marko Cortés, acusó a Morena de haber logrado la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales mediante favores políticos, señalando directamente al senador Miguel Ángel Yunes como un ejemplo de ello. La respuesta de Adán Augusto López, coordinador de Morena, fue inmediata y desafiante, retando a Cortés a presentar pruebas de sus acusaciones. López incluso se ofreció a renunciar públicamente si se demostraban los señalamientos.
Con esta reforma, Morena ha dejado claro que busca consolidar su control sobre el proceso de reformas constitucionales, enfrentándose a la resistencia de la oposición y del Poder Judicial. La pregunta que queda en el aire es si esta medida fortalecerá o debilitará el sistema democrático y el equilibrio de poderes en México.
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