El Senado mexicano dio un paso crucial para la reforma eléctrica, aprobando en comisiones la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Esta iniciativa, que obtuvo 29 votos a favor y 10 en contra, tiene como objetivo central garantizar la soberanía energética y fortalecer el control estatal en sectores estratégicos como la electricidad y el litio, elementos vitales para el desarrollo económico y social del país.
El proyecto ha generado intensos debates, con partidarios como Beatriz Mojica Morga (Morena), quien afirmó que esta reforma ayudará a “poner orden en la industria eléctrica” y a expandir el acceso a Internet en comunidades marginadas. Por otro lado, Agustín Dorantes Lámbarri (PAN) destacó su preocupación sobre la crisis financiera que enfrentan Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), advirtiendo sobre posibles repercusiones económicas.
Uno de los cambios más relevantes es la sustitución del concepto de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado”, lo que enfatiza su función social y asegura que estas compañías operen con el propósito de beneficiar a la población, en lugar de buscar únicamente la rentabilidad. Además, la reforma plantea que el Estado tendrá control exclusivo sobre áreas estratégicas, como el litio y el sistema eléctrico, sin que esto constituya un monopolio.
Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que esta modificación es un retorno a la época en que la CFE era el principal proveedor de electricidad del país. Según sus datos, antes de la reforma de 2013, la CFE generaba el 63% de la electricidad, pero en 2021, esa cifra cayó al 38%, con el sector privado produciendo la mayoría de la energía.
La oposición, encabezada por Ricardo Anaya del PAN, ha expresado su preocupación por el impacto de esta reforma en la inversión privada, argumentando que limitar la participación de empresas privadas podría estancar el desarrollo del sector energético y aumentar los costos para los consumidores.
Esta reforma no solo redefine el papel del Estado en el sector energético, sino que también busca hacer más accesible la energía eléctrica a precios competitivos. Al mismo tiempo, asegura que recursos estratégicos como el litio beneficien directamente al pueblo mexicano, consolidando un sistema energético más autosuficiente y menos dependiente de actores externos.
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