La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que modifica la Constitución para desaparecer siete organismos autónomos, con 347 votos a favor y 128 en contra. La discusión en lo particular continuará este jueves, donde se espera un debate intenso sobre los cambios propuestos.
Organismos afectados
Los cambios plantean la eliminación de:
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
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Propuestas en debate
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó la presentación de una reserva para crear un organismo público descentralizado que absorba las funciones del IFT y Cofece, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a pesar de que gran parte de las responsabilidades se trasladarán a la Secretaría de Economía.
“Se garantiza independencia técnica y personalidad jurídica propia, sin depender de decisiones del secretario”, explicó Monreal.
Críticas a la reforma
Legisladores de la oposición calificaron la medida como un retroceso:
- Nadia Navarro (PRI): “Se borran los órganos que garantizan derechos como la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales”.
- Irais Virginia Reyes (MC): “Es una regresión al autoritarismo que no queremos”.
- Gustavo de Hoyos (MC): “Esta reforma aplica la eutanasia a los órganos autónomos”.
Impacto y reacciones
El dictamen implica que las funciones de los órganos desaparecidos serán asumidas por dependencias federales como las secretarías de Energía, Economía, Infraestructura, Función Pública y Educación, así como por organismos como el INEGI. Además, extingue los organismos garantes de acceso a la información en los estados.
Mientras Morena defiende la simplificación administrativa, la oposición y expertos advierten sobre un riesgo a los derechos ciudadanos y la concentración de poder en el ejecutivo.
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