En un giro histórico, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se convierte en el primer miembro de la Corte en renunciar en respuesta a la Reforma Judicial aprobada recientemente. La noticia, oficializada mediante una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, ha causado un gran impacto en el ámbito jurídico y político del país, ya que su decisión podría marcar un precedente para otros ministros.
La carta de renuncia, en la que Gutiérrez Ortiz Mena establece el 31 de agosto de 2025 como la fecha efectiva para su salida, presenta argumentos sólidos sobre la transformación que la reforma representa para el papel del ministro. Ante la exigencia de someterse a una elección popular para permanecer en su puesto, Gutiérrez Ortiz Mena expresó que su vocación siempre ha estado ligada a “resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, dejando claro que no considera la política como su camino.
El ministro, con amplia trayectoria en la defensa de los derechos constitucionales, sostuvo en su mensaje que la reforma judicial actualiza las normas para los jueces, con cambios que, en su opinión, impactan el sentido mismo de la judicatura. Señaló que, aunque renuncia para no participar en una elección popular, su decisión no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma.
“Mi renuncia no representa una aceptación tácita de la reforma; actúo conforme a la presunción de validez que la norma exige, mientras no sea revocada por un tribunal competente”, declaró en la misiva.
Gutiérrez Ortiz Mena remarcó también que su salida no representa un abandono de sus responsabilidades, sino un acto de coherencia y compromiso con los principios constitucionales. “Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales”, añadió en su carta, subrayando su convicción sobre el carácter temporal de los cargos en el servicio público.
Este hecho resalta el debate sobre las implicaciones de la Reforma Judicial y abre un nuevo capítulo en la relación entre el poder judicial y las exigencias democráticas de México. La postura de Gutiérrez Ortiz Mena refuerza la importancia de mantener la independencia judicial y garantiza que su compromiso con los derechos ciudadanos sigue siendo su legado en la Suprema Corte.
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