El gobierno de Estados Unidos pidió a México intensificar sus acciones contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y fortalecer las capacidades de seguridad y vigilancia en el país.
La postura fue incluida en la determinación presidencial anual sobre los principales países de tránsito o producción de drogas correspondiente al año fiscal 2027, presentada por el presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense el 15 de septiembre.
En el documento, la administración estadounidense plantea que México debe ampliar los esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, investigar a funcionarios públicos que, de acuerdo con la posición de Washington, hayan colaborado con grupos delictivos.
Entre las medidas señaladas se encuentra el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y un mayor control en las instalaciones aduaneras mexicanas. El gobierno de Trump considera que los recursos destinados actualmente a las corporaciones de seguridad no son suficientes para ampliar las operaciones contra las redes criminales y su financiamiento.
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La administración estadounidense también reconoce avances derivados de la cooperación bilateral en materia de seguridad. En su evaluación menciona acciones conjuntas que han permitido afectar a integrantes de alto nivel de organizaciones criminales, aunque sostiene que todavía existen desafíos importantes.
Uno de los nombres mencionados en el documento es Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuya eliminación es presentada por Washington como parte de los resultados obtenidos mediante la colaboración entre ambos países.
Sin embargo, el gobierno estadounidense sostiene que México debe adoptar medidas adicionales frente a organizaciones criminales que, según su evaluación, mantienen presencia territorial y representan una amenaza para ciudadanos de Estados Unidos.
Otro de los puntos planteados consiste en aumentar las acciones para identificar y procesar a funcionarios que hayan establecido vínculos con grupos delictivos. Se trata de una exigencia que coloca nuevamente el combate a la corrupción asociada con el crimen organizado dentro de la agenda bilateral de seguridad.
La posición de Washington se suma a un contexto de cooperación y diferencias entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente alrededor del tráfico de drogas, el flujo de armas y la actuación de organizaciones criminales.
El documento estadounidense constituye la postura del gobierno de Trump dentro de su evaluación anual sobre los países considerados relevantes para el tránsito o producción de drogas. Sus señalamientos no equivalen por sí mismos a procesos judiciales o acusaciones formales contra funcionarios mexicanos específicos.
Para México, el tema representa otro punto dentro de la relación bilateral en materia de seguridad, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene su propia estrategia contra las organizaciones criminales y la cooperación con autoridades estadounidenses.
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